OPINIÓN ATILIO A. BORON
20/02/14.- La escalada desestabilizadora que actualmente sufre la Venezuela bolivariana tiene un objetivo no negociable: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. No hay un ápice de interpretación de quien esto escribe en esta afirmación. Fue expresada en reiteradas ocasiones no solo por los manifestantes de la derecha en las calles, sino por sus principales líderes e instigadores locales: Leopoldo López (exalcalde del municipio Chacao, en Caracas, y jefe del partido Voluntad Popular), y María Corina Machado, diputada por Súmate a la Asamblea Nacional de Venezuela. En más de una ocasión se refirieron a las intenciones que perseguían con sus protestas, utilizando una expresión a la que regularmente apela el Departamento de Estado: “cambio de régimen”, forma amable y eufemística que reemplaza a la desprestigiada golpe de Estado. Lo que se busca es precisamente eso: un golpe de Estado que ponga punto final a la experiencia chavista. La invasión a Libia y el derrocamiento y linchamiento de Muamar El Gadafi son un ejemplo de “cambio de régimen”; hace medio siglo que Estados Unidos está proponiendo sin éxito algo similar para Cuba. Ahora lo están intentando, con todas sus fuerzas, en Venezuela.
Esta feroz campaña en contra del Gobierno Bolivariano –en realidad, un proceso de fascistización de larga data– tiene raíces internas y externas, íntimamente imbricadas y solidarias en un objetivo común: acabar con la pesadilla instaurada por el Comandante Hugo Chávez desde que asumiera la presidencia en 1999. Para Estados Unidos, la autodeterminación venezolana, afirmada sobre las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, la derrota del ALCA y los avances de los procesos de integración y unidad en América Latina y el Caribe –la Unasur, el Mercosur ampliado, la Celac, PetroCaribe, entre otros–, impulsados como nunca antes jamás por el líder bolivariano, son desafíos intolerables e inadmisibles, merecedores de un ejemplar escarmiento. Para la oposición interna, el chavismo significó el fin de las prebendas y negociados que obtenía por su colaboración con el Gobierno de Estados Unidos y las empresas norteamericanas en el saqueo y el pillaje de la renta petrolera, y que encontró en los líderes y organizaciones políticas de la Cuarta República sus socios menores e imprescindibles operadores locales. Tanto Washington como sus peones estaban seguros de que el chavismo no sobreviviría a la desaparición física de su fundador. Pero con las presidenciales del 14 de abril del 2013 sus esperanzas se esfumaron: Nicolás Maduro prevaleció sobre Henrique Capriles por un porcentaje muy pequeño, pero suficiente e indiscutible, de votos. La respuesta de estos oligarcas travestidos en señeras figuras de la república fue primero desconocer el veredicto de las urnas y luego desatar violentas protestas que cobraron la vida de más de una decena de jóvenes bolivarianos, dejando heridos a unos cien, amén de la destrucción de numerosos edificios y propiedades públicas. Cabe consignar que al día de hoy, diez meses después de las elecciones presidenciales, Washington no ha reconocido formalmente el triunfo de Nicolás Maduro. En cambio, el inverosímil Premio Nobel de la Paz demoró horas en reconocer como triunfador de los comicios presidenciales hondureños del 24 de noviembre pasado –viciados hasta lo indecible y fraudulentos como muy pocos– al candidato de “la embajada”, Juan O. Hernández. El imperialismo no se equivoca al elegir a sus enemigos: los Castro, Chávez, ahora Maduro, Correa, Morales; y contrariamente a lo que algunos ingenuamente postulan, no existe una derecha que sea “oposición leal” a un gobierno genuinamente de izquierda. Menos aún cuando se trata de una derecha manejada por telecomando desde la Casa Blanca. Si se comporta con lealtad es porque ese gobierno ya fue colonizado por el capital. Pese a la violencia de los militantes de la Mesa de Unidad Democrática que sostenía la candidatura de Capriles, el Gobierno logró restablecer el orden en las calles. Contribuyeron a ello la clara y enérgica respuesta gubernamental y, además, la certeza que tenía la dirigencia de la MUD de que las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre –que la derecha caracterizó como un plebiscito– les permitirían derrotar al chavismo para luego exigir la inmediata renuncia de Maduro o, en el peor de los casos, convocar a un referendo revocatorio anticipado, sin tener que esperar hasta mediados del 2016 tal y como lo establece la Constitución. Pero la jugarreta les salió mal porque fueron ampliamente derrotados por casi un millón de votos y nueve puntos porcentuales de diferencia.
Atónitos ante lo inesperado del resultado, que por primera vez le ofrecía al Gobierno Bolivariano la posibilidad de gestionar durante dos años los asuntos públicos y administrar la economía sin tener que involucrarse en virulentas y distractoras campañas electorales, los antichavistas peregrinaron a Washington para redefinir su estrategia en función de las necesidades geopolíticas del imperio y recibir órdenes, dineros y ayudas de todo tipo para sostener su proyecto desestabilizador. Derrotados en las urnas, ahora la prioridad inmediata era, como lo exigiera Richard Nixon para el Chile de Salvador Allende en 1970, “hacer chirriar la economía”. De ahí los sabotajes, las campañas de desabastecimientos programados y el desenfreno de la especulación cambiaria (según recomienda en su manual de operaciones el experto de la CIA Eugene Sharp); los ataques en la prensa, en donde las mentiras y el terrorismo mediático no conocen límite o escrúpulo moral alguno y, luego, como remate, “calentar la calle”, buscando crear una situación similar a la de la ciudad de Bengasi en Libia, capaz de desbaratar por completo la economía y desatar una gravísima crisis de gobernabilidad que tornase inevitable la intervención de alguna potencia amiga, que ya sabemos quién es, para que acudiese en auxilio de los venezolanos para restaurar el orden quebrantado.
Una tras otra, todas estas iniciativas terminaron en el fracaso, pero no por ello la derecha abandonará sus propósitos sediciosos. Leopoldo López se acaba de entregar a la justicia y es de esperar que esta le haga caer, a él y a su compinche, María Corina Machado, todo el peso de la ley. Llevan varias muertes sobre sus mochilas y lo peor que le podría pasar a Venezuela sería que el Gobierno o la justicia no advirtieran lo que se oculta dentro del huevo de la serpiente. En situaciones como éstas, y ante enemigos como éstos, cualquier intento de “reconciliación nacional” o de “línea blanda” es la segura ruta hacia la propia destrucción. Los fascistas y el imperialismo solo entienden el lenguaje de la fuerza. López y Machado deberán recibir un castigo ejemplar, siempre dentro del marco de la legalidad vigente, y no deberían descartarse violentas manifestaciones para exigir su inmediata liberación. Tampoco habría que desechar la hipótesis de que, en su desesperación, la derecha pudiese apelar a cualquier recurso, por aberrante que sea. Pero el procesamiento y castigo de los instigadores de tanto derramamiento de sangre no será suficiente para aventar el riesgo de un brutal derrocamiento del Gobierno Bolivariano; la única garantía estriba en la activa movilización y organización de las masas chavistas para sostener a “su revolución”, con sus muchos aciertos y también sus errores. Eso es lo único que permitirá aventar el peligro de un asalto fascista al poder que pondría sangriento fin a la gesta bolivariana, desencadenando una oleada reaccionaria que reverberaría en el continente. De ahí que lo que está en juego en estas horas no es solo el futuro de Venezuela sino el de toda Nuestra América.
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